Repensando el Estado y sus instituciones.

En los países que implementaron el Estado de bienestar, como Inglaterra, Alemania y Francia, existía la percepción de que era éticamente deseable y económicamente factible que por medio de las acciones gubernamentales se satisficieran las demandas de amplios grupos de la población que tienen menor capacidad económica para cubrir sus necesidades básicas. La administración pública intervenía en la actividad industrial, en la prestación de servicios o en la producción agrícola (Ruiz, 1988). Las políticas de gasto expansivas, basadas en estrategias económicas de corte keynesiano, permitieron mantener la expansión del capital y también apoyar las funciones administrativas del Estado de bienestar, donde los desajustes económicos eran corregidos con el ejercicio del gasto público.

En los años 70 esas condiciones cambiaron. La crisis mundial del capitalismo terminó con 40 años de acumulación intensiva, donde el incremento de los gastos del Estado deterioró su capacidad financiera. Con ello, sus posibilidades para mantener a una gran organización pública, ampliar el consumo y mejorar los niveles de vida de la población se redujeron, (Huerta, 2007). La expansión del Estado y el estallido de las demandas sociales desencadenó en crisis de gobernabilidad.

En la década de los ochenta, el proteccionismo del Estado interventor es puesto en duda y la acción pública en el terreno económico, social y político es fuertemente cuestionada, se recomienda abrir mercados, suprimir subsidios y medidas proteccionistas, y eliminar la participación estatal en la producción. Se abandona el keynesianismo y se adopta el neoliberalismo, desmantelando gran parte de la estructura estatal de gestión pública. En México como en América Latina se hizo necesario implementar reformas estructurales para …reducir las dimensiones del sector público, incluyendo a menudo las de la propia administración, y dejar en manos del mercado la provisión de un buen número de bienes públicos que anteriormente suministraba el Estado. (Paramio, 2002:2).

El modelo de liberalización de los mercados financieros acusó sus primeras debilidades en 1997 (crisis asiática, Tailandia) al revelarse frágil ante la estampida de fuga de capitales derivada de la práctica del capitalismo clientelista (crony capitalism), que favorecía los créditos a las empresas con vínculos personales o de interés político. Con las reformas de segunda generación se admite que la voluntad política no es suficiente para transformar el Estado, es necesario que existan garantías de estabilidad política y presupuestaria, así como el necesario capital humano, el marco legal y regulatorio.

El mercado e incluso la democracia son cuestionados, ya que este modelo aumenta la vulnerabilidad del ingreso familiar y, por tanto, la estabilidad económica de los hogares. Un aspecto nuevo de esa vulnerabilidad es el hecho de que bienes públicos que antes proporcionaba el Estado de forma gratuita o a precios fuertemente subsidiados, ahora sólo pueden obtenerse a precios de mercado (Paramio, 2002:9). Para un amplio sector académico, el mercado resultó insuficiente para el crecimiento económico, la generación de empleos y el combate a la pobreza en nuestro país. La población en situación de pobreza lejos de disminuir sigue creciendo, tan solo de 2012 a 2014 pasó de 53.3 a 55.3 millones de habitantes.

Cuad1PSMB

Los espacios vacíos dejados por el Estado a favor de particulares (mercado) pero insuficientes en la generación de empleos y la estabilidad social, dieron lugar a una suerte de situación “pre hobbesiana” de extremo conflicto y violencia de grupos delincuenciales o antisistémicos (cacicazgos, redes clientelares, narcotráfico), donde se evidencia una ausencia de relación entre gobierno y sociedad, que provoca matices que tienden al imaginario colectivo de un clima de crisis de gobernabilidad, como en el pasado reciente. La implementación de las políticas públicas y los resultados de los programas gubernamentales irritan a la ciudadanía puesto que son interpretados como producto de una mala organización y funcionamiento del Estado, derivado del escaso compromiso social, ineficacia e ineficiencia administrativa, incipiente rendición de cuentas y, principalmente, de actos de corrupción.

El clima de hartazgo, intolerancia y descomposición social que viene permeando en amplios sectores del país, con comportamientos irascibles de la sociedad frente a sus instituciones, ponen en jaque la legitimidad, eficiencia y funcionalidad no solo del modelo económico de Estado sino de su intervención en materia de seguridad pública y nacional. Ejemplos sobran, San Miguel Totolapan, Guerrero donde la población hizo frente a la policía estatal y el ejército; Quecholac, Puebla, donde es natural el robo y comercialización de gasolina a los ductos de PEMEX; la existencia de policías comunitarias y grupos de autodefensa por ausencia de condiciones de seguridad pública; el avance incontrolable de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga que imponen condiciones en diversos estados de la República y de los cuales el magisterio y toda la sociedad son rehenes.

Esta situación obliga a repensar el papel del Estado, sus características, la capacidad de desempeñar sus funciones básicas, el tipo de relaciones que establece con la sociedad, tanto con los grupos de poder como con los sectores sociales más vulnerables, la calidad y los desafíos de sus instituciones públicas y democráticas adquiere relevancia en el presente, dado que la relación entre gobernantes y sociedad muestra una expresión de debilitamiento, donde el Estado pareciera ser incapaz de asegurar el monopolio y uso de la violencia legal y legítima, para garantizar el mantenimiento del orden, la paz y respeto a la ley, así como el crecimiento económico con desarrollo social, sustentable y sostenible. El Estado de derecho por simple, se torna complicado y es que la precariedad y ausencia de legitimidad del Estado, como institución explica por qué, pese a la fuerza militar, no se logra controlar propiamente el territorio (Tanaka, 2006).

Sin embargo, el marco legal por sí solo no parece ser una respuesta a las múltiples complejidades que enfrena el Estado, se requiere también un eje de actuación ético, como mínimo, que involucre a todo el sistema institucional de instrumentación y aplicación de leyes, no sólo de enunciación, para que los mercados puedan operar eficazmente, la sociedad vea beneficios tangibles y el Estado recupere el monopolio de la violencia legal y legítima (Weber). La receta del éxito ya no pasa sólo por reducir el papel y el peso del Estado, sino por construir un Estado distinto y eficiente, y la vulnerabilidad de las economías liberalizadas ante las turbulencias y los choques externos pone en peligro la realización de la nueva generación de reformas (Paramio, 2002:5).

El retiro de las funciones del Estado impidió que se echaran a andar políticas sectoriales y contra-cíclicas que hubieran dado mayor estabilidad al crecimiento producido después de las políticas de ajuste; tributación y gasto social, particularmente en educación y salud. Pero en estas reformas orientadas al mercado, encontramos el otro extremo, el neoliberalismo aparece como el culpable de todos los males: desde las crisis financieras hasta el egoísmo en las relaciones interpersonales, desde la persistencia de la pobreza hasta el bajo nivel de la creación artística, lo que encuentra es que empieza a gestarse un amplio consenso sobre la necesidad de ocuparse del Estado como tema clave. (Stiglitz, 2002)

Las políticas económicas neoliberales derivadas del Consenso de Washington si bien fueron exitosas inicialmente en cuanto a corregir el desequilibrio de precios, el desequilibrio fiscal y el endeudamiento externo, han fracasado después de casi tres décadas de implantación en los países periféricos (América Latina, principalmente pero no exclusivamente), ya que no han logrado satisfacer las demandas populares básicas como son alentar el crecimiento, el empleo, la equidad distributiva y la democracia social.

Existe un consenso post-Consenso de Washington (Stiglitz, 2004), que coincide en observar que aquellas primeras medidas fallaron al no comprender las estructuras económicas de los países en desarrollo, y definir estrategias generalizadas a partir de un conjunto de objetivos e instrumentos específicos. Tal crítica está enfocada en señalar que los mercados por sí mismos no producen resultados eficientes cuando existen procesos dinámicos, tales como los generados por el avance tecnológico, lo que constituye externalidades que considerar en el ejercicio del gobierno, las cuales no fueron materia que atender por parte de los organismos financieros, por lo que nunca propusieron incentivos en éste y otros temas, como el relativo al agro para el caso mexicano.

En contraparte a la reducción del Estado, en la mayoría de los países del este asiático se tomaron medidas de participación activa del Estado y de planeación estratégica que caracteriza al Estado desarrollista. El problema no radicaría en decidirse sobre más mercado y menos Estado, o viceversa, sino analizar el rol de las instituciones para identificar qué intervenciones son adecuadas y en qué contextos, puesto que el Estado tiene poderes que el sector privado no posee, para decretar impuestos, de prohibición y control, y de coerción, ellos se desprenden de la necesidad de una acción colectiva y de la naturaleza de los bienes públicos (Stiglitz, 2002, p. 7), así como de la eticidad como valor supremo del Estado en la regulación de la actividad humana.

Ese es el origen y razón de ser del Estado, su naturaleza jurídica, su ética y obligación social, y en torno a ello debe ser su actuación y compromiso con la sociedad, ya que es ésta quien delimita el actuar de sus gobiernos a partir de la exigencia a la atención de sus principales y más sentidas demandas, y es en esta retroalimentación obligatoria para la autoridad pública, que surge un nuevo entendimiento de lo público, determinado no solo por la acción estatal sino por la acción colectiva de la sociedad.

Pedro San Martín Barrios

Fuentes bibliográficas:

  • CONEVAL (2017), Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016.
  • Huerta Moreno, María Guadalupe (2007). La reforma del Estado y la transformación de la administración pública. UAM México, Gestión y Estrategia edición internet. Consultado el 23 de noviembre de 2008 en: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc2.htm#n11b; internet
  • Paramio, Ludolfo. Reforma del Estado y desconfianza política. En Política y Gobierno. Consultado el 14 de mayo de 2009 en: http://www.pensamientopolitico.50g.com/documentos.html; internet
  • Ruiz Dueñas, Jorge (1988). Empresa pública: elementos para el examen comparado. México. Fondo de cultura Económica. 547 pp.
  • Stiglitz, Joseph E. (2002). El malestar en la globalización. México: Ediciones Taurus.
  • ———————– (2004). El consenso postconsenso de Washington. Ponencia presentada en la Conferencia “Del Consenso de Washington a una nueva Gobernanza Global”, auspiciada por la Fundación CIDOB e Initiative for Policy Dialogue, Barcelona, septiembre de 2004.

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