Legalidad y justicia

Legalidad y justicia van de la mano, pero no significan lo mismo. Ambas son condiciones necesarias e inseparables de la democracia, cuya representación abstracta es el denominado Estado de Derecho y su manifestación concreta las leyes y el sistema de impartición de justicia, puesto que solo la aplicación plena de las normas legales válidas para ciudadanos y gobernantes posibilitan pensar en un sistema democrático y, por ende, de justicia. El respeto pleno de derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la comunidad nacional o de quienes viven o se encuentran en un territorio específico tiende a la justicia social.

No obstante, quizá pueda cumplirse la ley sin llegar a la justicia, pero es un hecho de que no puede haber justicia sin legalidad. De acuerdo con Platón, en La República, la justicia es el valor ético fundamental que posibilita la organización y el equilibrio entre individuos y consiste en que cada uno debe atender a una sola de las cosas de la ciudad: a aquello para lo que su naturaleza está mejor dotada, lo que es concretamente visible en el hecho de que cada individuo al hacer lo suyo, tiene lo que le corresponde y esta orientación de ánimo debe ofrecer la felicidad a los integrantes de la ciudad (polis).

Para Platón la justicia es la virtud básica, pues en el comportamiento del hombre orienta su conducta en función de la cooperación, y esto no sólo por los resultados benéficos que pueda obtener para sí, sino de un fin superior que es la felicidad. De esta manera la justicia se presenta como el eje de un sistema de valores, que es la base en su visión de la ética.

La asociación humana, que requiere de un territorio para su manutención, debe además regirse por ciertos ordenamientos, que en conjunto conforman las leyes y éstas regulan la conducta de los individuos, sin embargo, estas normas no son la justicia en sí, sino el sistema organizativo que la respalda. Asimismo, debe contar con un gobierno, en donde los mejores hombres dirijan y coordinen los esfuerzos de organización de la comunidad, asimismo para su defensa externa y resguardo interior requiere de una fuerza armada, la cual permita el desarrollo de las actividades productivas que sostengan la vida de la ciudad, ésta última responsabilidad de los asociados.

Entonces, si el Estado requiere de un orden que sólo puede ser dotado por las leyes a partir de una interpretación de lo que debe ser la justicia y de la implementación a posteriori de un sistema de procuración de la misma, es la diferencia más significativa. En la justicia se materializa el obrar de cada individuo, cumpliendo con su papel en armonía con el conjunto, y esto se logra junto con otros valores, como la prudencia, la templanza, la tolerancia y el respeto, como articulaciones básicas de un sistema ético de pesos y contrapesos, condicionados no solo en las leyes, sino en la esencia misma de los individuos.

La instrumentación nos lleva a pensar que la justicia implica que todos los individuos cuenten con una actividad que sumadas o agregadas sirvan al conjunto, en un proceso de solidaridad entre los asociados en el territorio, conforme las diversas actividades que realicen. La razón de vivir en comunidad se debe a que sólo es incapaz de lograr el sustento y exigencias de la vida, pero para vivir en comunidad requiere de un valor y una virtud: la justicia. Como valor, está delimitado por el orden de la comunidad, según Platón, y como virtud ayuda a discernir lo justo, según Aristóteles.

Justicia es pues la idea de comunidad, donde cada individuo aporta su esfuerzo personal al colectivo, lo que tiende a formar el cúmulo de normas entendidas como la legalidad de los actos, es decir, las conductas que son reguladas por las leyes.

Esa distinción nos lleva a una apreciación más, la política no es ética en sí misma, pero sí tiende a derivar en leyes donde la visión instrumental se apega al deber ser y no solo al ser, la legalidad es consecuencia pues de un acto humano, que parte de un principio de justicia, donde la legalidad causal surge en función de la conexión de fines y medios, como lo señala Kelsen.

Parafraseando a Heller, el sistema legal brinda la certidumbre o seguridad jurídica, porque de su aparato depende la coacción, la eficacia de éste depende del monopolio de la coacción física, sin embargo, la legalidad no implica legitimidad, ni justicia, aunque tiende a ella. En consecuencia, el origen de la justicia pasa por un eje de eticidad como base del derecho positivo, pero no escapa a las contradicciones y tensiones que enfrenta el Estado, ya que para gobierno y sociedad hay diversos intereses y posiciones que impiden el acuerdo pleno sobre el contenido y la aplicación de los principios jurídicos vigentes, condicionando de esta manera a la justicia.

La legalidad está en función de la validez del estatuto legal y la justicia en su respeto y también en su aplicación, y cuando la justicia rebasa a la legalidad, es momento de adecuar ésta a una nueva realidad. Ante este argumento, vale la pena preguntarse si la reforma educativa y su nuevo modelo de instrumentación son legales y justos.

Una primera respuesta sería sí en cuanto a la legalidad, dado que se hicieron los acuerdos políticos para lograr los cambios constitucionales mediante el consenso de los distintos actores: legisladores, sociedad civil organizada, profesionales de la educación e incluso el propio sindicato. Es decir, surge en el plano de un Estado de Derecho, con las formalidades legislativas y ejecutivas que dictan los procedimientos legales aplicables, incluso se pensaría en que es legítima dado los diferentes sectores involucrados -al menos en su etapa última- en el proceso de revisión y validación.

Ahora bien, vale la pena detenerse a reflexionar sobre los aspectos de justicia que emanan del cambio constitucional vigente, porque la educación no se agota en el individuo, sino que pertenece por su esencia a la comunidad, y a ella se extiende. Y si de la educación depende el crecimiento de la sociedad, no sólo del individuo, la implementación del nuevo modelo debería ser justa en su aplicación y ordenanza, por ser el hombre un ser social. Es decir, si con la implementación del nuevo modelo se pretende la consolidación de un hombre armónico no aislado, individualista o anárquico, sino por el contrario, un ciudadano integrado que se suscribe no solo a ampliación y reproducción de conocimiento en función de fines prácticos, sino a valores de libertad, respeto y solidaridad, entonces el modelo funcionará, de lo contrario, será carente de justicia social.

Pedro San Martín Barrios

Referencias bibliográficas.

Platón, La República. En: http://www.um.es/noesis/zunica/textos/Platon,Republica.pdf

Aristóteles, Política. En: https://www.marxists.org/espanol/tematica/cienpol/aristoteles/pol.pdf

Juan Jacobo Rousseau, El contrato social o principios de derecho político. En: http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.pdf

Hermann Heller, Teoría del Estado. En: https://economiaypoliticaspublicas.files.wordpress.com/2016/10/15-heller-teorc3ada-del-estado.pdf

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