En educación ¿de qué otra cosa podríamos hablar?

En agosto de este año, en una entrevista organizada por el Fondo de Cultura Económica, el presidente Peña Nieto deslizó una aseveración que, quien escribe cree, enmarca la crisis por la que atraviesa su gobierno desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. En esa ocasión, y claramente sin pensar que la transcendencia de sus dichos catalizarían el hartazgo social, el presidente declaró que la corrupción es –lamentablemente- un rasgo cultural de México. De entonces a ahora, en cuestión de semanas se sucedieron, como ya es común en México, distintos escándalos periodísticos en los cuales los factores de la corrupción política y la impunidad han sido centrales.

El derrame de sustancias químicas y metales pesados en el Río Sonora, la ejecución sumaria por elementos del ejército de presuntos sicarios en Tlatlaya, Estado de México, la desaparición forzada de 43 normalistas rurales en Iguala, Guerrero; con todo el nudo de acciones y omisiones de instituciones y autoridades hacen del fenómeno de la corrupción, tal y como la describió el presidente en la entrevista mencionada, punto de reflexión.

Por la crisis de Ayotzinapa se ha desatado la indignación y la movilización social. Los enredos que ha presentado el caso, que inmiscuyen a distintas instituciones políticas de diverso nivel, así como a la institución castrense y a otras organizaciones sociales, ha dado mucho material para reflexionar sobre el presente del país, sobre las implicaciones de la tolerada cultura de la corrupción. Y es que la crisis de los normalistas pegó en un símbolo de la sociedad civil mexicana: la represión brutal de estudiantes por parte del Estado. Se ha desatado así una vorágine de opiniones respecto a lo ocurrido en Iguala. Desde la prensa se ha discutido responsabilidades y consecuencias, prácticamente todo el espectro periodístico ha condenado la agresión de Iguala, y quien escribe siente que lo que pueda decir quizá no aporte mucho a la discusión. Pero, por otro lado ¿de qué otra cosa podría hablar?

“¿De qué otra cosa podríamos hablar?”, polémica exposición de la artista Teresa Margolles, se presentó en 2009 en el pabellón mexicano de la 53ª  Bienal de arte de Venecia. A tres años de haber iniciado oficialmente la “guerra contra el narcotráfico”, la exposición de Margolles llevó la incómoda realidad mexicana al plano artístico internacional, y obligó a la prensa extranjera a reflexionar e investigar sobre la violencia en México, ninguneada desde la propaganda oficial. Desde el arte, Margolles, hizo una crítica certera y directa a la proyección internacional de México y su contrastante realidad interna. ¿De qué otra cosa podría hablar una mexicana en el circuito internacional de arte cuando en el año anterior, 2008, la cifra de muertos vinculados a la violencia había ascendido a la escalofriante cifra de 5000? El título de la exposición resaltaba con mordaz ironía que lo que ocurría y aún hoy ocurre en México era una severa y profunda crisis social que no podía ser silenciada con propaganda que presenta a México tanto como el lugar más seguro para invertir, como la panacea democrática moderna.

Bueno, pues quien escribe también considera que así como en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) el tema tabú para el gobierno, el elefante blanco en el cuarto, fue la violencia desprendida de la “estrategia” fallida de combate al narcotráfico; así hoy de lo que todos estamos hablando es de lo que el presidente (en esa entrevista) “naturalizó” como rasgo cultural de México: la corrupción. Si en el 2009, de lo que se hablaba en las calles pero se silenciaba desde el gobierno eran los costos sociales de la violencia y la dudosa efectividad de la lucha contra el narco, cinco años después y con la situación agravada por el tiempo, el tema nos lo puso el presidente.

La crisis actual se percibe aún más fuerte debido, en parte, al derrumbe de la imagen internacional de Peña Nieto. Habiendo aparecido en icónicas portadas de Times y Rolling Stone, y recientemente galardonado como el “estadista del año”, el erróneo manejo de la crisis evidenció a la prensa extranjera que detrás del oropel de una política reformista de gran calado y también detrás del apoyo mediático al gobierno, la violencia y el binomio corrupción/impunidad seguían igual de desatados que antes.

A quien escribe, le parece evidente que el Estado ha fallado: no sólo no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, actúa en contra de la sociedad cuando ésta protesta, exige y demanda; además, por los evidentes casos de corrupción e impunidad vivimos bajo incertidumbre jurídica, una de las garantías individuales de nuestra constitución (no sabemos ni qué va a pasar con el alcalde de Iguala, ni qué va a pasar con los detenidos en las marchas). El rasgo cultural de la corrupción, que durante el siglo XX permitió el funcionamiento del sistema político y económico, se ha vuelto un padecimiento social que afecta cada vez a más personas, incluso a aquellas a las que antes habría beneficiado.

La corrupción ha dejado de ser rentable, el sistema se ha mordido la cola. El fenómeno social de la corrupción fue denunciado  desde fechas tan tempranas como 1947 como la vía por la cual los principios y el régimen de la revolución se estaban desvirtuando. Problema grave en sí, el contexto en la que se enmarca la presente crisis añade dosis de tragedia. ¿Por qué?

Primero, por el fenómeno de la guerra del narco. Crisis sociales, políticas y económicas se han presentado en México en conjunto y por separado en distintos momentos, pero cuando el Estado se ha visto debilitado antes no estaba tan patente como ahora su ausencia en bastas regiones del país, ausencia ocupada por distintas organizaciones criminales que no sólo desafían al Estado sino que someten con violencia y miedo a la sociedad.  Un segundo aspecto agravante es que así como la “Colina del Perro” de López Portillo, la clase política actual vive ostentosamente a espaldas, o por lo menos ajenas a la realidad de la sociedad mexicana. El vergonzoso incremento “ladies” y “gentlemanes” (funcionarios o no) evidenciados por las redes sociales, muestra un desprecio de las clases altas y de la clase política por lo que se vive (o sobrevive) debajo de ellos. Su consigna pareciera ser que el dinero da poder y que todos deben tener precio.

La corrupción, la impunidad, el autoritarismo, la opacidad y el patrimonialismo son, en efecto, rasgos de una cultura cívica mexicana que por décadas fue incentivada por el régimen político. Conforme se asentaba en la población esta cultura del agandalle sus costos sociales y económicos fueron ascendiendo hasta llegar a ser, primero inaccesibles para las clases bajas (en México la justicia tiene precio) y después incontrolables incluso para las altas (la venta de datos personales pone en riesgo a los ciudadanos de ser objeto de extorsiones, de violencia o de desapariciones, por sólo poner un ejemplo). Este rasgo cultural, denunciado desde mediados del siglo pasado, ha tenido el tiempo y la fuerza de introducirse en instituciones centrales del Estado mexicano, y no sólo me refiero al sistema político o a las policías, no. Me refiero a la educación en el amplio espectro y sentido de la palabra: la educación social y la educación escolar.

Así como hoy ante la evidencia de que el Estado ha sido rebasado por el poder corruptor del narcotráfico, la movilización social asoma rasgos de insurgencia, la evidencia de que en efecto todos estamos inmersos en esa cultura mexicana que permite, por comisión o por omisión, la corrupción, debería centrar la reflexión –y también la movilización- a una profunda reforma educativa. Ya tenemos una, pero la que sigue debe centrarse en los contenidos y en el desarrollo cívico de los futuros ciudadanos. Si el siglo XXI mexicano a nivel cultural se mantiene privilegiando el influyentismo y el patrimonialismo sobre una ética ciudadana y laboral, es probable que no haya un buen futuro y que las crisis como la que estamos atravesando se vuelvan recurrentes, naturalizadas y después también uno más de los rasgos culturales del mexicano. Por suerte, la cultura y las costumbres se pueden transformar.

Es en ese sentido, para cerrar, que el maestro se vuelve una vez más el catalizador del cambio social. Pero ya no es la época de Vasconcelos donde se partía de cero y  se construía el sistema educativo. Tenemos un enorme sistema educativo de alcance nacional que debe ser sometido a crítica constante, a reflexión activa y a una renovación que permita asegurarnos a los mexicanos que hoy vivimos esta crisis, que los mexicanos del futuro serán formados con los valores de la escuela para la paz, la tolerancia y la ética. El maestro lo debe hacer por sí solo, sin esperar recompensa de arriba o de abajo, puede y quizá sea necesario recurrir a la otra cara de la moneda educativa, la familia para desde ahí modificar ese rasgo distintivo de la corrupción y con el tiempo volverlo en un rasgo distintivo de  probidad.

O ustedes, ¿qué piensan?

@dario_gemelos

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