¿Qué pasado estudiarán los niños?

Recientemente se incluyeron en el libro de texto gratuito de quinto de primaria de la materia de Historia, menciones a problemáticas sociales y políticas que afectaron el desarrollo del país en los últimos años. Se hace explícita mención de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994; además se aborda el tema de la alternancia partidista en el poder Ejecutivo Federal (en el año 2000 y en el 2012).
Pasó casi medio siglo para que el Estado aceptara –tibia y superficialmente- su responsabilidad en la masacre estudiantil. Más allá de centrarme en cómo tal evento se enseña de forma despersonalizada y episódica, con un claro deslinde de responsabilidad política real (no se menciona a Gustavo Díaz Ordaz o a Luis Echeverría y se maneja la cuestión como si el Estado mexicano fuera un ente consciente que ejecuta las acciones por sí mismo); mi interés se enfoca a reflexionar cómo -observando la lenta e incómoda digestión del discurso estatal de sus propias acciones (y omisiones)- la educación oficial mexicana y su vehículo, los libros de texto gratuitos, abordarán históricamente el tiempo presente, en específico: la descomposición del Estado y el auge de la violencia derivada de una estrategia bélica contra el narcotráfico.

¿Cuánto tiempo pasará antes de abordar, aunque sea tibiamente, los sucesos de Atenco, Pasta de conchos, la guardería ABC, las fosas de San Fernando Tamaulipas, el secuestro por grupos policiacos de normalistas en Ayotzinapa, entre otros? ¿Cuánto tiempo y cómo serán abordados? ¿Qué dirá el Estado respecto a sus acciones, omisiones o negaciones; en cuanto a su responsabilidad?

Los episodios que conmueven a las sociedades no siempre son directamente atribuibles al orden político, sin embargo aunque fuesen naturales (como el temblor de México D.F. en 1985 o la conjunción de huracanes Manuel e Ingrid en 2013) tienen repercusiones políticas directas. De éstas, las más recientes, incluso bajo una óptica reduccionista, denotan una crisis del Estado mexicano que se ha acentuado en los últimos lustros y cuya agudización a partir de la guerra contra el narcotráfico (2006 a la actualidad) ha significado un ciclo de violencia y terror del que no se ve próxima una salida contundente.

Sería bueno que para entonces, cuando podamos considerar terminado los ciclos de violencia y de continuos escándalos políticos, se pueda articular una interpretación del pasado reciente en el que no se omitan ni se hagan invisibles a víctimas y a responsables. Es un deseo que difícilmente se cumplirá, al menos que ha sido difícil verlo cumplirse en otros casos. Otros países han tenido que lidiar con la elaboración de interpretaciones oficiales de su pasado reciente cuándo éste ha sido polémico, y rara vez esta interpretación oficial ha suscitado la concordia.

¿Cómo, entonces, se enseña el pasado en las instituciones educativas estatales en países que han sufrido conmociones sociales en su historia reciente? Podríamos mirar algunos casos donde la interpretación del pasado oficial está cargada de tensión entre los actores que le han sobrevivido al periodo polémico. Pienso en el caso de Chile y la postura oficial de su Educación Pública respecto al golpe militar que depuso al gobierno democrático del Frente Popular en septiembre de 1973.

¿Cómo ha narrado el Estado chileno después de la transición democrática los sucesos que condujeron a la dictadura militar?
La polémica del caso chileno, donde el dictador Augusto Pinochet aún cuenta con diversos defensores que estiman que el “pronunciamiento militar” (en oposición a la idea de golpe de Estado) contra el gobierno legítimo de Salvador Allende implicó un “progreso” y la solución a una crisis, evidencia la dificultad de establecer una historia apolítica, enciclopedista y que se imparte como una sucesión cronológica de eventos en poblaciones que padecieron los actos represivos. Pues, por otro lado, quienes vivieron de carne propia la represión de la junta militar y exigen que la memoria de las víctimas no se pierda, éstos piden dimensionar la dictadura dentro del contexto internacional de la guerra fría y dentro de la óptica de los derechos humanos que fueron suprimidos y sistemáticamente violados por los militares durante la dictadura (1973-1990). Exigen pues, que los responsables respondan por sus actos y que la historia promueva el pensamiento crítico para evitar que se puedan repetir la violencia del Estado contra la sociedad.

Otro caso de donde podremos abrevar cuándo sea pasado esta crisis del Estado mexicano es el colombiano. La inestabilidad que el asesinato del presidente liberal electo Jorge Eliécer Gaytán en 1948 produjo es aún cuestión de polémica política. La escisión del espectro entre liberales y conservadores, entonces como ahora, ha producido que la memoria de las implicaciones del asesinato sean en la imaginación popular, cuando menos confusas. La época de “la Violencia” en Colombia (1948-1958) explica en parte el fenómeno de la guerrilla y de la apropiación de espacios territoriales y políticos por el narcotráfico de la década de los ochenta. Aún hoy no existe consenso político respecto a la interpretación del pasado del Estado colombiano. Pero no está demás dar seguimiento a cómo la educación pública colombiana articula pugnas políticas que aún persisten con una narración histórica que legitima al actual Estado. Pues a fin de cuentas, la Colombia de la segunda mitad del siglo XX y el México de fines del XX e inicios del XXI se asemejan tanto por la visible erosión del Estado y sus notables fallas al ejercer su poder en amplias zonas del territorio nacional, como por la vinculación y protección de políticos de todos los niveles de gobierno con actores del narcotráfico.

El último caso que menciono es el de España y la pugna política, jurídica y educativa respecto a la memoria de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Aquí la sociedad está aún más dividida entre partidarios y detractores del dictador fascista. Ha habido intentos fallidos de llamar a la justicia a actores políticos que se desenvolvieron benéficamente durante el gobierno franquista a los cuales los partidarios de la dictadura han respondido con intimidaciones y demandas por calumnias. El pasado, el siglo XX, en España sigue siendo motivo de conflicto político y aún falta para que una visión sintética de la guerra civil logre arraigar en la educación pública española, si es que algún día llega a hacerlo. Las pugnas por la memoria son también batallas por la identidad y batallas políticas por el rumbo de cada país.

A esta pugna por la memoria, han de sumarse los complejos problemas que supone el ámbito educativo y que en cada país tiene matices diferentes. El cómo está organizada la educación pública en cada país también condiciona las posibilidades de arraigar una narración histórica en el imaginario colectivo a través del relato oficial. Tanto las interpretaciones reivindicativas de las personas que fueron víctimas de la violencia del Estado como las interpretaciones legitimadoras de la violencia de Estado, coexisten y moldean los discursos y comportamientos de la clase política.

En México, donde el Libro de Texto Gratuito ya no es monopólico y donde la ideología educativa se ha reducido a la preparación de mano de obra, el debate del pasado reciente está lejos siquiera de enunciar visiones articuladas que tengan proyección popular. Hay, en efecto casos que pueden resultar fundacionales dependiendo de quién sostenga el discurso, si son políticos se resaltarán la apertura política de los 70, la cuestionada elección de 1988 y el enrarecimiento del clima político por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 como antecedentes de la enaltecida alternancia partidista del año 2000. Si escuchamos a dirigentes sociales, los puntos de arranque pueden ir en paralelo a la represión del Estado hacia la sociedad civil y laboral organizada (1958, 1968, 1983, 2006).

Consecuencia de ese mutismo y confusión en el imaginario colectivo mexicano podría ser que actores políticos que han tenido presencia en la toma de decisiones polémicas sigan estando en activo. ¿Cómo podría una historia oficial de “izquierda” –elaborada por el PRD- presentar a Manuel Bartlett como el secretario de gobernación artífice de la “caída del sistema” y posteriormente como un senador de izquierda que defendió a ultranza el petróleo nacionalizado en las filas del mismo partido al que impidió acceder al poder? Aunque el PAN ni siquiera buscó reformular la historia oficial durante sus doce años de mandato, ¿cómo podría presentar el ideario de Manuel Gómez Morín y la histórica disidencia del panismo en contraste o como antecedentes de los resultados, en cuanto a corrupción y violaciones a derechos humanos, de su periodo en el poder Ejecutivo Federal? ¿Cómo puede el PRI mencionar la matanza de Tlatelolco de 1968 sin reconocer que los responsables salieron de sus filas y fueron cobijados por el sistema priísta?

¿Es lógico esperar que la historia oficial que se enseñe promueva el pensamiento crítico cuando los actores políticos que continúan definiendo los derroteros de México lo que ansían es la amnesia social?
Si no sabemos cómo pueden hoy las instituciones políticas interpretar congruentemente su pasado en contraste con sus acciones presentes, ¿qué podemos esperar se su futura interpretación en esta crisis actual del Estado mexicano de la que en parte son responsables? Y aún más importante, ¿Cómo nos explicaremos lo que pasó en México durante la década en que las instituciones fallaron y la violencia nos rebasó?

@dario_gemelos

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